El contundente informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Proceso de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2007, que preside el congresista Rogelio Canches, sufrió un serio revés al anunciar tres días después que 5000 archivos digitales sobre la investigación de las obras efectuadas por el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), guardados por la Comisión de Trabajo habrían sido hackeados, produciéndose un enorme forado para la sustentación documentaria de las denuncias que se deben presentar ante el Ministerio Público, luego de la discusión y aprobación por el pleno del Congreso.
La Comisión Investigadora se dividió en tres subgrupos de trabajo, uno relacionado a "Los Bonos 6,000" que preside la congresista Carmen Omonte Durand (Perú Posible) donde las conclusiones habrían determinado que existirían irregularidades en la distribución y uso del dinero que se destinó para los damnificados del terremoto. Asimismo, el Sub Grupo de "Donaciones" presidida por Manuel Zerillo Bazalar (Gana Perú) arribó a conclusiones determinantes debido a que parte de estas millonarias donaciones habrían sido mal usadas o no usadas para el fin que fueron destinadas. Y el Sub Grupo que investigó al FORSUR presidido por el mismo Rogelio Canches Guzmán (Gana Perú), el que también concluyó que existiría dolo en la ejecución de obras de este organismo creado ex profesamente por el Gobierno de García Pérez, ya que muchas de las cuales "... no habían sido concluidas, otras sobrevaloradas o quedaron truncas" según reza la comunicación oficial dada a conocer por la Comisión Investigadora.
El escandaloso hackeo y la inutilización de más de 5 mil archivos digitales de este último sub grupo de trabajo trae dudas sobre la transparencia y la ética de este tipo de Comisiones. Igual ocurrió con las interminables investigaciones del Caso Business Track (BTR) referidas a los Petroaudios donde se “perdió” valiosa información del disco duro que se guardaba en el Poder Judicial; un inusual incendio en los archivos del Ministerio de Educación, donde valiosas pruebas y documentos se hicieron literalmente "humo". Lo inexplicable de los archivos del FORSUR es que no se habría hecho una copia de seguridad, llamada también copia de respaldo o backup, que normalmente se hace para preveer una inminente pérdida de los originales, como ha ocurrido.
Esta comisión investigadora que se formó el 2011 en el Congreso ha pasado -y continúa sufriendo- marchas y contramarchas. Así originalmente presidió la Comisión el congresista iqueño Eduardo Cabrera Ganoza (Fuerza Popular) quien de la noche a la mañana renunció al cargo; luego fue presidida por la congresista Ana Jara Velásquez (Gana Perú) que a los pocos meses dejó el cargo para integrarse como Ministra de Estado y finalmente la presidencia quedó en manos del parlamentario Rogelio Canches Guzmán (Gana Perú), quien anunció que el informe final sería presentado al pleno en esta semana, pero "algunas circunstancias" han complotado para retrasar (una vez más) esta investigación que debió ser sumaria, drástica e incuestionable.
El derecho de los iqueños de alcanzar justicia no debe desvanecerse aunque se pierda credibilidad en las instituciones y fe en nuestros gobernantes y representantes, debemos exigir claridad, objetividad y celeridad en el informe que nos muestre la verdad de lo ocurrido.
